La discusión generada por la aprobación del dictamen de la ley universitaria, innecesariamente polarizada por algunos políticos y empresarios, ha permitido develar la precaria situación de la calidad de las universidades peruanas. Ya no queda duda. Los mecanismos y los instrumentos de aseguramiento de calidad educativa universitaria que tenemos no están funcionando. 

Aun cuando no exista un indicador que concentre “la calidad” universitaria, es posible aproximarse a ella desde varias perspectivas. Es consenso, por ejemplo, considerar como indicadores de calidad la empleabilidad de los egresados o el nivel de subempleo profesional y, desde una perspectiva institucional, se consideran criterios de calidad los grados y títulos de los docentes, la producción académica de las instituciones y los niveles de exigibilidad para el ingreso a la universidad. Estos criterios no son todos, ni lo demuestran todo; sin embargo, son una buena manera de hacer un diagnóstico, a la vez que son salidas al problema.

En el Perú, la información que proviene de estos criterios es preocupante. Si bien los índices de empleabilidad de los egresados universitarios son uno de los secretos mejor guardados, se estima, según las propias universidades, que el rango va desde 40 hasta 90 por ciento en el caso de las universidades privadas. Eso quiere decir que en el peor de los casos 6 de cada 10 egresados de esas universidades no encuentran trabajo o trabajan en una actividad por debajo de su condición profesional. Esto está asociado con otro indicador: el subempleo profesional. Según Yamada, Castro y Rivera entre el 2004 y el 2010 se pasó de 29% a 35%.

Por su lado los criterios académicos muestran según el censo universitario 2010 que el 5,2% de los docentes universitarios han obtenido el grado de doctor, según el informe SIR 2013 solo 9 universidades presentaron documentos científicos y los procesos de ingreso a la universidad se han flexibilizado de modo tal que no logran adecuados niveles de selectividad, tal como lo muestran Yamada, Castro, Bacigalupo y Velarde y como lo reportan corresponsales.pe.

Para asegurar la calidad de la educación superior, las tendencias latinoamericanas se orientan hacia el desarrollo de sistemas que favorezcan el funcionamiento articulado de las autorizaciones de funcionamiento, la acreditación y la evidencia de mejoramiento continuo de los asuntos académicos.

El primero de ellos, el licenciamiento, es el proceso que garantiza el control de calidad inicial. Por ello, el reto es lograr más que un burocrático proceso de autorización. La acreditación es el segundo elemento del sistema de aseguramiento y se busca con ello asegurar las condiciones necesarias para brindar un servicio educativo de calidad. Esta distinción sobre el rol de la acreditación resulta fundamental pues se retorna con esto a la idea inicial de la acreditación (proceso voluntario en donde la institución mide la calidad de sus productos y servicios sobre la base de estándares de autoevaluación y evaluación externa). La última de las fases, el mejoramiento, supone una auditoria académica permanente. Es decir, buscar medir los resultados académicos establecidos en estándares validados.

En el Perú, dos de estos elementos operan actualmente con ciertas dificultades y de manera desarticulada. Uno de ellos es el CONAFU quien tiene la responsabilidad de evaluar las solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades públicas y privadas. De las 140 universidades públicas y privadas, 64 funcionan con una autorización provisional. CONAFU ha autorizado el funcionamiento de 81 universidades desde su creación en 1995.

En la misma línea, la acreditación viene mostrando algunos rezagos. Hasta el 2012, se han acreditado 8 carreras 

y aproximadamente el 30% de todas las carreras que existen en el país han iniciado sus procesos de acreditación. La responsabilidad de la acreditación o el reconocimiento de acreditación es del CONEAU.

En la actualidad, alrededor de 865.000 jóvenes estudian en alguna universidad peruana, el 63% de ellos lo hacen en una universidad privada y el 39% de esa matrícula privada se concentra en las universidades ubicadas en el último tercio de los rankings nacionales. Y es que en contextos de expansión de la oferta, el aseguramiento de calidad se hace una necesidad imperiosa, para evitar que la masificación venga acompañada de una precarización de la calidad que opaque las ventajas de democratización que la expansión sí trae consigo.

La salida parece estar en la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad. La acreditación resulta insuficiente para asegurar calidad de la educación superior masificada. Este sistema no solo debe modificar aquello que se viene haciendo (autorizaciones y acreditación) e incorporar mecanismos de auditoria académica, sino que deben hacerse los ajustes institucionales que permitan poner en marcha este sistema. Creo que la creación de la superintendencia es un camino en este sentido.