Con una pequeña diferencia de votos, hoy 26 de junio de 2014 el Congreso de la República aprobó una nueva Ley Universitaria luego de meses de debate, discusiones, disputas y discusión pública.  

El texto aprobado es fundamentalmente igual al dictamen en mayoría presentado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, salvo en lo concerniente a la Superintendencia de Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), cuyo texto original fue reemplazado (acumulado en términos de procedimiento parlamentario) por la propuesta presentada por el Ministerio de Educación (Minedu).

Dos cosas quedan claras en esta nueva Ley. No se atenta contra la autonomía universitaria, ni contra la iniciativa privada, y que el Estado se hace cargo de liderar las políticas de educación superior y de regular la calidad del servicio educativo.

Estas primeras reacciones consisten en los grandes temas que se propone la Ley.

La Ley se reafirma en que la universidad es un espacio de construcción de conocimiento basado en la investigación y la formación integral. Las finalidades, la estructura y organización, las formas de graduación, las características del cuerpo docente, la obligatoriedad por los estudios generales, etc. indican que la reflexión académica es el centro articulador de la vida universitaria. No obstante, sincera una práctica común. Reconoce la existencia de programas no académicos orientados a la profesionalización como una opción universitaria. Y aun cuando a diferencia de otros países no se ha atrevido a denominar directamente "universidades de enseñanza", no limita en lo absoluto su existencia.

La Ley formula la regulación de la calidad a través de la creación de la SUNEDU. Instancia autónoma, cuyos miembros son elegidos mediante concurso público y como en países como EEUU y Colombia es la institución responsable del primer escalón de un sistema de aseguramiento de la calidad. Si bien, se ha decidido colocar "cuotas" para las universidades públicas y privadas (situación que no comprendo bien) rompe con aquello de ser "juez y parte", característica que llevó al mal funcionamiento de las responsabilidades de autorización de funcionamiento y sanciones a la ANR y el CONAFU, ambas instituciones que desaparecen

La Ley sienta las bases para una reforma de los mecanismos de aseguramiento de calidad a través de la modificación en el enfoque de otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento; es decir, se transita de un enfoque credencialista-burocrático (como el de CONAFU basado fundamentalmente en la elaboración de un documento llamado Proyecto de Desarrollo Institucional) hacia autorizaciones basadas en estándares de calidad. Un enfoque de control de calidad. Se suprime de tal modo, las licencias definitivas para pasar a licencias renovables. Junto con ello, plantea la reforma del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), con la finalidad de ajustar (espero que con miras al establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad) los procesos de acreditación.

Queda pendiente mirar como funcionará el voto universal en las universidad públicas. No hay evidencia aún del impacto de su aplicación. Lo que queda claro es que la opción de la vieja lee universitaria no estaba funcionando. Las universidades privadas se rigen por sus estatutos. Falta también desarrollar estrategias para articular la universidad con la educación técnica y elaborar otros dispositivos legales que potencien esta nueva norma.

Con el paso de los días iré revisando en detalle los capítulos, pero como reacción general creo que hemos dado un paso adelante en la reforma universitaria. Pensar que esta ley solucionará el problema del sistema universitario es demagogia. Con esta Ley damos pasos importantes hacia la mejora de la universidad peruana.

Desde hace algunos años, la universidad en el Perú no ha estado cumpliendo con su promesa de ofrecer una mejor vida, más movilidad social y más inclusión a los jóvenes más excluidos de nuestra sociedad. La promesa de democratización que acompañó las decisiones para la expansión universitaria no se cumplieron, como tampoco se cumplió la extendida falacia que el mercado regularía la calidad de esta expansión. Es tarea del Estado asegurar que toda la oferta universitaria tiene una calidad mínima para todos.

¡Tenemos una nueva Ley Universitaria luego de 30 años!