No creo que se trate de una ley para beneficiar a los empresarios cucos que quieren solo acumular el capital. Tampoco creo que se trate de una ley inclusiva que dignificará el trabajo de jóvenes. Creo que es una solución “regularona” a un problema mayor.

El diagnóstico está claro. Parece ser que más de 800 mil jóvenes no tienen beneficios laborales. De ningún tipo. Que alrededor del 80% del empleo es informal. Pero para que ese diagnóstico se complete debemos considerar también que la cobertura de educación superior en el Perú es de 43% (30% en universitaria y 13% en técnica) y que si vemos la foto de nuestra PEA, el 40% tiene educación secundaria.

En su defensa, se viene construyendo un discurso sobre la importancia inclusiva de esta norma. Bajo el lema, se les dará algo a los jóvenes que nunca tuvieron nada, el Estado peruano confirma que ha aprendido como administrar de muy buena manera la precariedad.

Lejos de tener argumentos legales para analizar la norma, lo que tengo son algunas dudas con aquellos supuestos que subyacen a esta nueva ley.

Primero, pareciera ser que el problema de la informalidad laboral es causado por la falta de normas o su poca pertinencia. Por lo tanto, si hago ahorrar un poco a la empresa formal entonces formalizará el trabajo de los jóvenes. Como dice Francisco Durand en su libro “El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva”, el problema de la informalidad es que existe una economía informal que funciona y, me animaría a decir, que funciona bien para los intereses particulares.

Segundo, que los jóvenes prefieren formalizar su trabajo y, más aún, que quieren hacerlo porque tienen algunos derechos laborales. Rosa María Palacios, en un debate en su programa de radio, sostuvo que es una ley de acción afirmativa. No solo conceptualmente es un error (la acción afirmativa consiste en la implementación de políticas preferenciales en acceso o distribución de bienes y servicios para grupo minoritario históricamente discriminado), sino que se apoya en la idea falaz que la formalización del trabajo es un ideal de inclusión para quienes no la han alcanzado.

3 años es un horizonte temporal clásico en las evaluaciones de impacto. Solo estudiando lo que pasará con la implementación de la norma lograremos saber algo acerca de su efectividad. El gobierno y su orientación tecnocrática deberían pensar ya en implementar una línea de base y un diseño que permita medir avances, inercias y dificultades. 

Lo peor que sucedería para la política peruana y sus políticas públicas es que luego de tres años no cambie nada y reafirmemos que cada vez más el Estado es un experto en administrar precariedades.