En el editorial de El Comercio del día 9 de febrero, los desacuerdos que tiene este diario con la nueva ley universitaria y la Sunedu se basan en razones como la posibilidad que haya menos oferta debido a la regulación o como la intromisión que la superintendencia tendrá en la vida universitaria. Ambas razones son inexactas y fácilmente rebatibles. Sin embargo, la razón que desafía todos los límites de la lógica es aquella que dice: 

El problema de esta situación [se refiere a la posible intromisión de la Sunedu] es que justamente uno de los roles más importantes de las universidades, aparte de educar a sus alumnos, es servir como centros de libertad de expresión, lugares de discusión y espacios de creación e, incluso, en ocasiones, de legítima oposición al gobierno. ¿Qué mejor manera de acallar movimientos políticos que clausurando sus centros de difusión? De ahí la importancia del principio de la autonomía universitaria como garantía contra la injerencia de los intereses del gobierno de turno en las universidades.

La actividad política universitaria, por cierto venida a menos en las últimas décadas, responde a los fines y objetivos de las universidades. Responde a cuánto las autoridades universitarias respaldan, priorizan y promueven la “extensión universitaria”, concepto político forjado en la revolución de Córdova de 1918.

La actividad política, la promoción de la libertad de expresión y la promoción de espacios de discusión no dependen de la ley. Ni de la derogada, ni de la vigente.

La Universidad de Piura, por ejemplo, ha decidido no tener en su biblioteca “El Capital” de Marx y, en su lugar, es posible desarrollar los cursos de economía política con el texto “"El Capital: Contribución a la crítica de la economía política: guía de comentario de texto" de Juan Antonio Gómez Trinidad et al., Pamplona: Universidad de Navarra, 1991. Es el caso también de la UPC que, por la actuación pública de sus autoridades y estudiantes, pareciera no tener en su agenda la actividad política. Al menos, en su misión, visión y valores sus legítimos intereses parecen ir por otro lado.

Con la nueva ley, la actividad política de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú no ha cesado. Han sido protagonistas en los movimientos juveniles contra la Ley Pulpín. Y también con la ley universitaria vigente, la vida política en la Universidad Nacional de Huamanga ha estado muy activa en el marco de la elaboración de los nuevos estatutos universitarios.

La idea desarrollada por el editorial de El Comercio no se sostiene. Más parece el acto heroico de quien quiere morir en batalla aun sabiéndose vencido que una reflexión fundamentada, documentada.

Este interés repentino por la vida política en las universidades es bienvenido. Un buen punto de inicio sería revisar la anacrónica definición de autonomía universitaria para transitar a los conceptos internacionales más actuales, tales como el de autonomía responsable.

Mientras tanto, más espacios para la vida política en las universidades, que serán cedidos seguramente por la formación tecnocrática.