Desde hace algunos años, se ha hecho “sentido común” el mostrar el desencuentro que existe entre los medios de comunicación social, principalmente televisión y prensa escrita, y los sistemas educativos. La educación reclama permanente por el incumplimiento del rol educador de los medios; se sostiene que no aportan a la formación de las personas y sancionan muchos de los contenidos, bajo el argumento que solo relevan los aspecto negativos de la educación y atentan contra los fines y principios de la educación. Por su lado, los medios sostienen que informar es parte de la formación, que contribuyen con la educación, pero no son los principales responsables y que el aporte es, en algunos casos, en “productos” educativos que ponen a disposición de la comunidad. 

En el Perú, esta relación está formalmente establecida en el marco normativo-legal. El artículo 14° de la Constitución Política dispone que:

“Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.”

Específicamente, la Ley General de Educación (Ley 28044) sostiene en el artículo 23° que:

“Los medios de comunicación social deben contribuir a la formación ética, cívica, cultural y democrática de la población mediante la difusión de contenidos que respeten a la persona humana y su dignidad. Para tal fin, en sus códigos de ética toman en cuenta los principios y fines de la educación peruana. Los medios de comunicación social de propiedad del Estado están al servicio de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.”

En esta misma línea, el artículo 9° inciso b de la Ley de radio y televisión (Ley 28278) propone que, solo en el caso de servicios de radiodifusión educativa, se incluya en sus códigos de ética los principios y fines de la educación peruana.

Pero además, es explícito el vínculo medios-educación en las políticas de Estado en educación. En el Proyecto Educativo Nacional (PEN) el sexto objetivo estratégico propone que, en el marco de una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad, los medios de comunicación asuman rol educador facilitando campañas educativas y se hacen corresponsables en la transmisión de valores y la formación de ciudadanía. Específicamente, se espera de los medios de comunicación que promuevan una función educativa, informativa y cultural, y se autorregulen a favor de los derechos ciudadanos; mientras que se espera del Estado y de la sociedad desarrollar un observatorio ciudadano para mejorar la responsabilidad cívica de los medios.

¿Cuál es el origen de estos desencuentros?: dos primeras hipótesis

Una primera hipótesis corresponde al plano conceptual. Sin duda, el manejo teórico de los sistemas educativos sobre la educación tiene un nivel mayor de profundidad respecto al que los medios de comunicación tienen de ella. Mientras que para los medios la educación es un asunto más cercano al suministro de información de calidad, para los sistemas educativos el objetivo es desarrollar competencias que permitan a los niños y jóvenes “funcionar” con conocimiento y ética en la vida social.

Ello nos acerca a una vieja discusión sobre el tratamiento de la educación como contenido para el aprendizaje o como insumo para la formación de opinión. Los sistemas educativos conciben el trabajo educativo de los medios de comunicación en una línea “pedagógica”; es decir, exigen de ellos que la “educación” sea trata como un contenido. Los medios de comunicación, por su lado, suelen presentar información educativa para contribuir a formar la opinión pública sobre el tema. (Una discusión interesante al respecto puede encontrarse en Roxana Morduchowicz, R. y Tedesco, J. C. (2003). El papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública en educación. Buenos Aires: IIPE.)

La siguiente hipótesis consiste en el desalineamiento entre las normas que proceden de distintos sectores. La ley general de educación exige que los medios de comunicación incluyan en sus códigos de ética los principios y fines educativos. Por su lado, la ley de radio y televisión consigna que los fines y principios de la educación deben ser incluidos en aquellos servicios de radiodifusión clasificados como educativos. Según las últimas estadísticas (2014) publicadas por Concortv solo el 24% de todas las estaciones de radio y televisión son clasificadas como educativas y, por lo tanto, el 76% restante no estaría obligado a incluir fines y principios educativos en sus códigos de ética. 

De otro lado, según el mismo informe de Concortv solo el 19% de los medios de radiodifusión presentó códigos de ética y un 28% se acogieron al código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que dicho sea de paso hace caso omiso a la solicitud de la Ley General de Educación, pues no consigna principios ni fines de la educación. En esta misma línea, para el caso de la prensa escrita el asunto es más complicado, pues son un porcentaje mínimo aquellos medios que han hecho público sus códigos de ética y, allí donde son accesibles, la figura se repite: no hay mención específica a asuntos educativos. 

Posibles salidas: el concepto de sociedad educadora 

El concepto de sociedad educadora cobra un mayor protagonismo en un contexto en el que se ponía en evidencia de la crisis educativa latinoamericana de finales de los años 90. La tarea resultaba cada vez más difícil y se requiere de la suma de esfuerzos para lograr cumplir los objetivos de aprendizaje.

De manera general, sociedad educadora se define como el conjunto de actores sociales que reconocen, ejercen y desarrollan de manera intencional acciones formativas bajo el liderazgo del sector educativo. En este sentido, la sociedad educadora, de la cual forman parte los medios de comunicación, comparte un objetivo común superior que se traduce en la garantía pública de que los estudiantes cuentan con las mejores condiciones para que puedan aprender y desarrollarse.

Lo interesante de este concepto es que reconoce que ningún actor social debiera suplantar la tarea de la escuela. Esto resulta fundamental pues durante muchos años se ha denominado a los medios de comunicación como la “escuela paralela”. La propuesta es que cada actor desde sus intereses y roles contribuyan de manera deliberada con los fines educativos propuestos en el país y liderados por el sistema educativo. Para ello se fijan metas conjuntas, se distribuyen responsabilidades, se monitorean acciones y se rinden cuentas de manera recíproca. (Hay mucha bibliografía sobre el tema).

En este marco se requieren condiciones mínimas para poner en marcha a la sociedad educadora: un compromiso real de los medios, el liderazgo del sector educación y la convicción de todos por la importancia de la educación para el desarrollo y la democracia en el país.