La expansión de la educación universitaria en el Perú es vertiginosa. En los últimos 10 años, la matrícula universitaria se ha duplicado y en la actualidad 3 de cada 4 jóvenes son universitarios de primera generación. En este periodo también se crearon 58 nuevas universidades, que equivale casi el total de las universidades chilenas (59).  

En este contexto acelerado de crecimiento universitario asegurar calidad es una prioridad y un reto. Las formas tradicionales de hacerlo como las autorizaciones de funcionamiento basadas en la presentación de documentos o las acreditaciones fundadas en el cumplimiento de condiciones mínimas no solo son obsoletas y han estado sobrevaloradas, sino que permanecieron desvinculadas entre sí. Estos mecanismos no estuvieron en posibilidad de asegurar calidad, particularmente tratándose de sistemas masificados. El riesgo mayor de la expansión es sacrificar calidad.

En contextos de masificación universitaria (definida como sistemas que tienen cobertura entre el 15% y 50% de la población), las discusiones internacionales plantean el desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad (SAC). Los SAC proponen redefinir los procesos de licenciamiento y acreditación y crear nuevos elementos como la auditoria académica. Por supuesto, estos tres procesos deben estar articulados entre sí y tener estructura que les permita actuar. 

En suma, los SAC se construyen sobre la base del licenciamiento, la acreditación y la auditoria académica.

El licenciamiento es una renovada forma de ofrecer autorizaciones de funcionamiento basados en estándares mínimos de calidad. Esta licencia renovable, previa verificación de cumplimiento de mínimos exigibles de calidad, es el primer control de calidad que ofrece el Estado sobre la oferta universitaria y es un mecanismo de protección a los estudiantes (familias), así como de legitimidad de las instituciones.

En los SAC, la acreditación regresa a sus orígenes. Vuelve a ser voluntaria y muestra los distintos niveles distintos de calidad alcanzados por las instituciones y los programas sobre la base de estándares de procesos y, en alguna medida, de resultados. Como resultado de autoevaluaciones y evaluaciones externas, la acreditación se vuelve una garantía pública de los niveles de calidad de la oferta.

La auditoría académica es el tercer elemento de los SAC y está orientado al examen que las instituciones se realizan para confrontarse a los indicadores máximos aspirables de calidad. Estos indicadores de alta excelencia son provistos por el Estado, en función a las necesidades del país propuestas en políticas públicas.

Para echar a andar el SAC, el Estado debe desarrollar un conjunto de instrumentos tales como sistemas de información, fondos concursables, esquemas de beneficios tributarios, plataformas legales, etc. 

Estos instrumentos deberían estar al servicio del sistema y su preparación no debiera distraernos de la tarea principal que es diseñar el sistema de aseguramiento de calidad.

La actual ley universitaria sentó las bases para desarrollar en el país un sistema de aseguramiento de calidad. Resulta importante acompañar los esfuerzos iniciales de Sunedu en el licenciamiento y la supervisión, no postergar más los cambios de Sineace en el modelo de acreditación e iniciar el diseño del componente de auditoría académica en el Minedu para ponerlo al servicio de las universidades. En la actuación de los tres componentes del SAC de manera articulada está el inicio de mejora de la calidad de la educación universitaria.