Acreditar las escuelas
dos argumentos en contra y otras preguntas
La semana pasada, el Sineace organizó un conversatorio para debatir la pertinencia de la acreditación de la educación básica en el país. Esta reunión se realizó en un contexto en el que el Minedu ha presentado un proyecto de ley que elimina la acreditación de las escuelas, reservándola solo a instituciones de educación superior.
Desde hace algunos años he venido sosteniendo que la acreditación de la educación básica es un despropósito considerando que este tramo de la escolarización es obligatorio, está bajo la responsabilidad del Estado (aun para el caso de la oferta privada) y no está sujeto a la competencia.
Las razones principales para la defensa de la acreditación de las escuelas se basan en el derecho de todos a tener un sistema educativo de calidad. La idea de educación de calidad para todos es indiscutible. No obstante, la acreditación de la educación básica propuesta en el país se basa en dos argumentos falsos.
El aseguramiento de calidad necesita de una acreditación
Garantizar calidad no supone acreditar. No termina necesariamente en un certificado que sirva de reconocimiento público. De hecho en América Latina, salvo en el Puerto Rico (regido para todo efecto bajo las normas estadounidenses) y el Perú, no existe en ningún país que tenga sistemas de acreditación de la educación básica y sin embargo si tiene sistemas de aseguramiento de la calidad. Pueden revisar lo que pasa en Chile o en el resto de países que colocan la responsabilidad en las oficinas responsables de la evaluación del rendimiento.
La acreditación supone una igualación hacia la calidad
La acreditación, nacida para la educación superior, apareció como diferenciador de calidad. Sin duda, el reconocimiento público genera, intencionalmente o no, comparaciones y éstas, en sociedades desiguales como la nuestra, competencia y segmentación. El convencimiento de que la información y los incentivos estimulan la conducta humana es una idea controversial. Desde la otra orilla podríamos decir que el reconocimiento público puede desatar una lógica perversa del prestigio.
Algunas preguntas finales
Algunas preguntas de fondo no han sido puestas en discusión. El marco legal, que parece escrito en piedra, puede y debe ser revisado a la luz de más y mejores reflexiones. Pero un argumento para el debate no puede ser “la ley dice” porque legitima lo que está, pero limita la discusión actual y las decisiones futuras. Por ejemplo:
¿De quién es la responsabilidad principal en el aseguramiento de la calidad?, ¿es de las escuelas o del sistema?, ¿es del director y los docentes o del Estado?
¿Los estándares propuestos han sido evaluados?, ¿cómo vienen funcionando estos estándares cuando el “el piso” no es parejo?, ¿definen estos 97 estándares la calidad educativa que queremos?
576 escuelas en el Perú han iniciado su proceso de acreditación y con esfuerzos notables han generado discusiones en sus escuelas, han motivado la participación de los estudiantes y los padres, han buscado creativamente salidas a los problemas de calidad. Sin embargo, me pregunto si el reconocimiento público que la hace diferente a otra escuela las hace mejores que otras escuelas. Me pregunto si no tener ese reconocimiento público cambiaría en algo ese “movimiento escolar por la calidad” que han emprendido.
